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La sociedad colombiana es una más
tradicionales, conservadoras, pacatas del continente americano; que bajo el
ropaje de conservar las buenas costumbres esconde un cúmulo de ideas
retardatarias que en otros países son cosas del pasado.
La iglesia católica es una de las
agremiaciones más sobresalientes de esta postura ideológica, acompañada de las
iglesias cristianas de diversas denominaciones, y en poder público el
procurador de la nación, quién comulga con las creencias del Opus Dei, organización
laica religiosa, que todavía concibe casi como lo hacían los sacerdotes del
medioevo.
Sin embargo, a pesar de esas
fuerzas retardatarias, Colombia avanza, dejando atrás el estado clerical y
constituir en la práctica un Estado Laico, que ha permitido avances
significativos en respetar los derechos de las personas LGTBI, llegando a
permitir desde hace pocos años, que las relaciones entre personas homosexuales
o lesbianas fueran reconocidas por la ley y, a la par, que pudieran heredar
bienes cuando uno de sus miembros falleciera y en 2016, reconocer el
matrimonio.
Como algo insólito, e impensable
hace pocos años, fueron dos lesbianas fueron nombradas ministras, una de ellas
en la cartera de Educación y otra para manejar el comercio internacional del país.
Con los antecedentes anteriores,
la marcha voluminosa del orgullo gay, celebrada en Bogotá, no causa extrañeza
ni deja a nadie perplejo u asombrado; en ella se vieron los diversos matices y segmentos
de la comunidad LGTBI, con sus trajes coloridos y otros optaron por la desnudez
parcial.
Todos y todas corearon lemas y
exhibieron pancartas solicitando igualdad de derechos ante la Ley y más fuerza
estatal contra la discriminación que sufren.
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